1. ES UNA LEY ANTITÉCNICA

  • Los defensores de la Ley dicen una cosa y el contenido de la Ley se refiere a otra: los primeros hablan de evitar la especulación de la tierra pero sus disposiciones incrementan los impuestos prediales para todos los ciudadanos mientras, respecto a la especulación, en vez de prohibirla o penalizarla como sería lógico bajo el argumento de inconstitucionalidad, le cobra un impuesto.

2. CREA NUEVOS IMPUESTOS, MAYOR BUROCRACIA Y PARÁLISIS

    • Es un nuevo impuesto: su forma de cálculo no tiene nada que ver con el impuesto a la plusvalía anterior, ni existe en ningún país del mundo, por lo que obliga a los 221 municipios del país a modificar sus ordenanzas, instructivos y procedimientos para ponerlo en operación.

 

  • Hace pagar un impuesto que antes no pagaban ni los propietarios de predios rurales y agrícolas, ni los proyectos inmobiliarios que se realicen bajo la figura de fideicomiso inmobiliario.

3. ENCARECE Y COMPLICA LA VIDA DE LOS ECUATORIANOS

    • La Ley dispone como una de sus metas que los Municipios incrementen su recaudación, lo que equivale a la subida de impuestos a sus ciudadanos.

 

    • Obliga a los propietarios de predios rurales y agrícolas a pagar este impuesto, que antes no tenían que pagar cuando vendían sus propiedades.

 

    • Los intereses que pagan los ciudadanos por concepto del crédito hipotecario con el que adquieren su vivienda u otro inmueble, no son considerados en la fórmula y por consiguiente la suma de lo pagado por intereses es catalogado ganancia y da lugar a pago del impuesto a la Plusvalía.

 

    • No permite a quién vende deducir lo pagado por los ciudadanos por concepto de impuestos prediales, tasas notariales y costos de adquisición, que también son exacciones públicas, y por ende obliga a pagar doble impuesto.

 

  • Ni los terrenos se salvan de pagar el impuesto del 75%. La Ley establece un régimen de transición para empezar a cobrar el tributo para los terrenos urbanos baldíos.

4. PARALIZA LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, FRENANDO LA ECONOMÍA DE LOS HOGARES DEL PAÍS

    • Las contradicciones de la Ley y la falta de un régimen transitorio para la acomodación de los Municipios a su aplicación han paralizado las actividades inmobiliarias de transferencia, frenando más de 200 millones de dólares de movimiento económico.

 

  • La imposición de un techo de rentabilidad que discrimina al sector construcción e inmobiliario respecto a todos los demás sectores productivos, forzando rentabilidades menores al 3% anual nominal, en el mejor de los casos, expulsando la inversión privada de la actividad de construcción.